Colombia exigirá que las plataformas de criptomonedas informen las transacciones de usuarios bajo CARF desde 2026
La autoridad tributaria de Colombia, DIAN, emitió la Resolución 000240 a finales de diciembre, exigiendo que los exchanges de criptomonedas, las plataformas custodiales y otros proveedores de servicios cripto recopilen e informen datos detallados de identidad y de transacciones de usuarios para el año fiscal 2026. Las normas reproducen el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE y se aplican tanto a plataformas nacionales como extranjeras que atiendan a contribuyentes colombianos. Las plataformas deben reunir información identificativa y registros anuales completos: titularidad, volúmenes de transacción, transferencias entre cuentas, variaciones de saldos y precios de mercado de activos, incluyendo Bitcoin, altcoins, stablecoins y memecoins, para que la DIAN pueda cotejar la actividad cripto con las declaraciones individuales de impuestos. Los primeros informes completos que cubran las operaciones de 2026 deben presentarse antes del último día hábil de mayo de 2027. La medida de la DIAN traslada la responsabilidad de la declaración de los individuos a un reporte estructurado por parte de las plataformas, fortalece la transparencia transfronteriza y señala la participación de Colombia en el intercambio automático de información bajo CARF. Para traders y plataformas, el cambio implica actualizaciones de sistemas con antelación, ampliación del KYC/recopilación de datos, mayores costes de cumplimiento y un aumento del escrutinio sobre los flujos cripto transfronterizos; los exchanges tendrán tiempo para adaptarse antes del plazo de presentación de 2027.
Neutral
La resolución de la DIAN aumenta la claridad regulatoria y los estándares de reporte, pero no altera directamente los fundamentos de ninguna criptomoneda en particular; principalmente eleva los costes de cumplimiento y de reporte para plataformas y usuarios. A corto plazo, los traders pueden reaccionar con mayor cautela: la reducción del anonimato y el aumento del escrutinio pueden enfriar la actividad de trading o desviar algunos flujos hacia canales informales, generando posible volatilidad localizada. Sin embargo, dado que el cambio apunta a procesos de reporte más que a prohibir o restringir activos cripto, es improbable que provoque una presión sostenida a la baja en los precios de los principales tokens. A más largo plazo, la mayor transparencia y la alineación con el CARF de la OCDE podrían aumentar la confianza institucional y la madurez del mercado en Colombia, lo que puede ser neutral o ligeramente positivo para la liquidez y la adopción. Para tokens individuales (p. ej., BTC, altcoins principales), espere un impacto directo limitado en el precio; los costes operativos y de cumplimiento de las plataformas podrían comprimir los márgenes de algunos exchanges, pero el efecto sobre la demanda de tokens debería ser modesto. Por lo tanto, el impacto general en el mercado se clasifica mejor como neutral.