Francia propone normas sobre responsabilidad en DeFi para las plataformas de criptomonedas
Cuatro autoridades francesas han propuesto cambios en el Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) que podrían hacer responsables a algunos proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) de ciertas pérdidas de clientes relacionadas con fallos de seguridad en las finanzas descentralizadas (DeFi). Las propuestas, publicadas el 21 de octubre de 2026, se presentaron como parte de la revisión de MiCA por parte de la Comisión Europea y aún no son ley.
Las plataformas que pongan activamente a sus clientes en contacto con servicios DeFi podrían tener que evaluar los protocolos, auditar los contratos inteligentes y vigilar las vulnerabilidades y las actividades sospechosas. La responsabilidad no se aplicaría automáticamente a todos los ataques: podría surgir si una plataforma no evalúa adecuadamente un protocolo o pasa por alto riesgos conocidos. Los requisitos serían proporcionales al tamaño del proveedor, con obligaciones más estrictas para las empresas grandes y ciertas exenciones para las más pequeñas.
Francia también apoya la posible certificación de protocolos DeFi y contratos inteligentes, aunque permitiría a las plataformas ofrecer servicios no certificados con salvaguardias más estrictas y advertencias sobre los riesgos. Los monederos estándar de autocustodia no estarían sujetos a certificación obligatoria, si bien podría estudiarse una certificación voluntaria para monederos avanzados con funciones DeFi.
Las autoridades también pidieron que la AEVM supervisara directamente a los principales CASP y que se redujera o ampliara el umbral para identificar a los proveedores significativos. La propuesta posterior menciona un umbral actual de 15 millones de usuarios activos diarios. Francia también pidió revisar la categoría de MiCA para los tokens referenciados a activos, señalando que no se ha autorizado ningún token en esa categoría, y sugirió estudiar su eliminación y regular las stablecoins multidivisa como tokens de dinero electrónico.
Se espera que la Comisión Europea informe a los legisladores antes del 30 de junio de 2027. Si se adoptan, las normas de seguridad para DeFi podrían elevar los costes de cumplimiento de las plataformas y, al mismo tiempo, reforzar la protección de los inversores. Para los operadores, las propuestas apuntan a una posible presión regulatoria futura sobre las plataformas que ofrecen acceso a DeFi, pero no crean obligaciones inmediatas ni un catalizador directo para el precio de ningún criptoactivo en particular.
Neutral
Las propuestas no mencionan ninguna criptomoneda concreta y aún no son vinculantes, por lo que no ofrecen un catalizador directo e inmediato para el precio de ningún criptoactivo individual. A corto plazo, es posible que los operadores presten más atención a las plataformas reguladas por la UE y a los riesgos de cumplimiento normativo relacionados con las DeFi, pero cualquier reacción probablemente será limitada, salvo que las propuestas avancen o afecten de forma sustancial a un importante proveedor de servicios.
A más largo plazo, las posibles responsabilidades legales, auditorías y labores de supervisión podrían aumentar los costes de las plataformas que conectan a los usuarios con las DeFi. Esto podría reducir la actividad o afectar al sentimiento en torno a los servicios afectados si el cumplimiento normativo se vuelve gravoso. Por otro lado, unas salvaguardias más claras y una mayor protección de los inversores podrían reforzar la confianza en los mercados de criptoactivos regulados. Las propuestas también dejan margen para los servicios no certificados, sujetos a diligencia debida y a obligaciones de información, lo que limita los motivos para dar por sentada una restricción general de las DeFi. Al no haberse identificado normas definitivas ni una exposición concreta a ningún token, el impacto probable en los precios sigue siendo neutral.