Corea del Sur estudia imponer un impuesto educativo a los exchanges centralizados de criptomonedas
Corea del Sur está estudiando aplicar un impuesto para la educación a las plataformas centralizadas de intercambio de criptomonedas (CEX) si se las clasifica como entidades financieras en virtud de un proyecto de ley sobre activos digitales. Actualmente, las empresas de negociación e intermediación de criptomonedas se consideran empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo que no pagan este impuesto. Los bancos, las aseguradoras y las sociedades de valores lo pagan en función de sus ingresos de explotación: un 0,5 % sobre el primer billón de wones y un 1 % sobre las cantidades que lo superen. La propuesta podría elevar los costes operativos de las CEX surcoreanas, pero todavía no se ha anunciado una decisión definitiva sobre el impuesto.
Neutral
La propuesta podría suponer cambios en los costes y la regulación para las plataformas surcoreanas de intercambio de criptomonedas centralizadas (CEX), pero todavía no es una medida fiscal confirmada. A corto plazo, los operadores podrían seguir la evolución de la política en busca de indicios de un aumento de las comisiones de las plataformas, una reducción de las promociones o cambios en la liquidez local. No hay indicios inmediatos de que la actividad de negociación o la estabilidad del mercado vayan a verse afectadas de forma sustancial. Propuestas regulatorias similares han generado a menudo una breve incertidumbre para las plataformas locales afectadas, mientras que sus efectos sobre el mercado cripto en general han dependido de si las normas llegaban a aplicarse y de la respuesta de las plataformas. A más largo plazo, clasificar las CEX como entidades financieras podría acercarlas al tratamiento fiscal de los bancos y las sociedades de valores, lo que elevaría los costes de cumplimiento normativo y de explotación. Cualquier efecto en los precios probablemente se concentraría en Corea del Sur y dependería del tipo impositivo definitivo, del alcance de la ley y de si las plataformas trasladan los costes a los usuarios. Al no haberse comunicado una decisión definitiva ni un calendario de aplicación, la señal general para el mercado sigue siendo neutral.